Juan Rivera, uno de los ejecutores de la masacre de Accomarca, vendrá deportado de EE.UU. Otros 29 militares son juzgados.Mañana traen a autor de matanza. Se acerca la justicia para autores de la matanza de Accomarca.
CASTIGO A LOS CULPABLES NO A LA IMPUNIDAD DE LA SANTA ALIANZA FUJI-GARCIA
Un día como hoy, hace 23 años, la patrulla Lince "7", comandada por el subteniente del Ejército Peruano (EP) Telmo Hurtado, y la número "6" a cargo del teniente EP Juan Rivera Rondón, ingresaron por la quebrada de Huancayocc a la comunidad de Accomarca, ametrallaron a 23 niños, 30 mujeres y 16 hombres de esa localidad ayacuchana y les lanzaron granadas de guerra.
El velo de la impunidad y del secreto comenzó a caer días después de ese 14 de agosto de 1985, pese a que tanto Hurtado como los otros oficiales superiores involucrados y aún el alto mando del Ejército trataron de que este crimen permanezca sin el debido castigo.
La abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), Karim Ninaquispe, al anunciar en CNR que el teniente EP Juan Manuel Rivera Rondón llegará deportado al país mañana, resumió en pocas palabras la esperanza de los deudos: "pese a los 23 años de impunidad, poco a poco, el cerco en contra de los asesinos se está cerrando".
"Los familiares de las víctimas de Accomarca tuvieron que esperar 23 años para encontrar justicia. Por fin verán detenido a uno de los autores materiales de la terrible masacre que enlutó a 69 familias y dejó cientos de huérfanos, así como una herida abierta que sólo se cerrará cuando se sancione a todos los responsables", señaló Ninaquispe. Respecto de Telmo Hurtado, el otro responsable de la matanza, Ninaquispe dijo que la próxima semana será igualmente deportado de Estados Unidos y enviado al Perú.
En el Poder Judicial actualmente hay un juicio contra 29 procesados por la masacre de Accomarca, entre ellos por lo menos 10 ex altos oficiales del Ejército, incluido el general Sinesio Jarama, quien era jefe político-militar de Ayacucho, y el general de brigada Wilfredo Mori.
"Accomarca es un caso emblemático para la búsqueda de justicia y el respeto a los Derechos Humanos en el Perú", dijo la parlamentaria Juana Huancahuari. "Quedan muchas tareas pendientes, principalmente el Estado con los comuneros, como la ejecución de programas de educación, reparaciones colectivas, individuales, simbólicas y económicas, atención psicológica y facilidades de vivienda, tal como dispone la Ley 28592, del Plan Integral de Reparaciones", agregó
El velo de la impunidad y del secreto comenzó a caer días después de ese 14 de agosto de 1985, pese a que tanto Hurtado como los otros oficiales superiores involucrados y aún el alto mando del Ejército trataron de que este crimen permanezca sin el debido castigo.
La abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), Karim Ninaquispe, al anunciar en CNR que el teniente EP Juan Manuel Rivera Rondón llegará deportado al país mañana, resumió en pocas palabras la esperanza de los deudos: "pese a los 23 años de impunidad, poco a poco, el cerco en contra de los asesinos se está cerrando".
"Los familiares de las víctimas de Accomarca tuvieron que esperar 23 años para encontrar justicia. Por fin verán detenido a uno de los autores materiales de la terrible masacre que enlutó a 69 familias y dejó cientos de huérfanos, así como una herida abierta que sólo se cerrará cuando se sancione a todos los responsables", señaló Ninaquispe. Respecto de Telmo Hurtado, el otro responsable de la matanza, Ninaquispe dijo que la próxima semana será igualmente deportado de Estados Unidos y enviado al Perú.
En el Poder Judicial actualmente hay un juicio contra 29 procesados por la masacre de Accomarca, entre ellos por lo menos 10 ex altos oficiales del Ejército, incluido el general Sinesio Jarama, quien era jefe político-militar de Ayacucho, y el general de brigada Wilfredo Mori.
"Accomarca es un caso emblemático para la búsqueda de justicia y el respeto a los Derechos Humanos en el Perú", dijo la parlamentaria Juana Huancahuari. "Quedan muchas tareas pendientes, principalmente el Estado con los comuneros, como la ejecución de programas de educación, reparaciones colectivas, individuales, simbólicas y económicas, atención psicológica y facilidades de vivienda, tal como dispone la Ley 28592, del Plan Integral de Reparaciones", agregó
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