Desde el interior del pabellón 5A del penal Miguel Castro Castro, Roque Gonzales dice por teléfono que la acusación contra él y un grupo de seis personas por actividades terroristas ha sido un gran error del gobierno, pero que no quieren admitirlo. Dice más: "Por esa razón todas las personas que fueron detenidas conmigo ya están libres. Yo sigo aquí por una supuesta vinculación actual con el MRTA, pero esa es una etapa de mi vida ya cerrada.. No puedo ser un sospechoso perpetuo por algo que pertenece a mi pasado".
Roque Gonzales estuvo 9 años en prisión por su militancia en el MRTA y fue liberado el 2005. Hoy está nuevamente preso. En febrero pasado lo detuvieron en Tumbes, volviendo de Ecuador, junto con otras personas –entre ellas su esposa Damaris Velasco– luego de acudir en Quito al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana. Sobre este evento, su esposa dice: "Se trató de una actividad legal, abierta, pública. Hasta pensamos que saldríamos en unas horas". No fue así. Todos fueron acusados por terrorismo.
LAS "PRUEBAS"
El atestado policial señala que Gonzales es dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana- Capítulo Perú y que este es un organismo de fachada del MRTA. También dice que el grupo de peruanos que acudió a Quito se puso en contacto con las FARC colombianas allá y que a su regreso iban a realizar acciones desestabilizadoras contra las cumbres en Lima. El vínculo con las FARC se basa en que el fallecido cabecilla de esta organización "Raúl Reyes" envió un saludo de bienvenida en la inauguración del encuentro.
Sobre esta acusación, Segundo Burgos, abogado defensor de Gonzales, comenta que hubo un video de "Raúl Reyes" en Quito, pero se trataba de uno de las decenas de saludos que se mostraron al inicio del evento. Incluso, Roque Gonzales no lo vio porque estaba participando en una de las mesas de discusión. "En ese encuentro hubo cerca de 800 delegados de 21 países. Y todos han regresado a su país sin que los persigan o los acusen de terrorismo. Además no se puede condenar a nadie porque vio o no un video", argumenta.
Junto a Roque Gonzales fueron detenidas su esposa Damaris Velasco, Armida Valladares, Guadalupe Hilario, María Gabriel Segura, Melissa Patiño y Carmen Azparrent. Todas estuvieron presas varios meses, pero hoy están libres. No les probaron actividades terroristas.
El abogado defensor de Gonzales llama también la atención sobre un hecho: a su defendido se le imputa pertenecer a un movimiento que hace más de una década no tiene acciones conocidas. "En el atestado no hay una sola prueba que acredite la actividad del MRTA, no hay nada sobre sus últimas acciones, ni un documento sobre la nueva dirigencia o la actual línea política. Se debe probar que hay una organización. No se puede acusar diciendo que el MRTA existe porque sí. Con esa lógica en diez años más se presenta a otro detenido y se le acusa de pertenecer al MRTA".
En distintos puntos del atestado contra Gonzales se hacen presunciones, pero no afirmaciones. Respecto al dinero que se le incautó al momento de su detención, se dice: "no cuenta con un ingreso económico fijo, presumiéndose que este dinero le habría sido financiado por la organización narcoterrorista FARC-EP". En otra parte se pone: "en cumplimiento a los acuerdos adoptados en el 'II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana' intentarían desestabilizar al país, orientado a las anticumbres imperialistas" . Ni siquiera parecen estar seguros de su principal acusación.
También se pueden encontrar imputaciones subjetivas: "...tenerse en cuenta el carácter radical del denunciado al impulsar arengas que buscan desestabilizar al país, al insultar al mandatario peruano con los términos 'Alan García genocida. Alan y Uribe la misma porquería'". Su abogado defensor explica: "Muchas de esas arengas se gritan en las marchas de los gremios, en los paros, en los plantones. Uno puede estar en desacuerdo con sus ideas, pero no por eso se le va a encarcelar.
EXCARCELACIÓN
Roque Gonzales estuvo 9 años en prisión por su militancia en el MRTA y fue liberado el 2005. Hoy está nuevamente preso. En febrero pasado lo detuvieron en Tumbes, volviendo de Ecuador, junto con otras personas –entre ellas su esposa Damaris Velasco– luego de acudir en Quito al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana. Sobre este evento, su esposa dice: "Se trató de una actividad legal, abierta, pública. Hasta pensamos que saldríamos en unas horas". No fue así. Todos fueron acusados por terrorismo.
LAS "PRUEBAS"
El atestado policial señala que Gonzales es dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana- Capítulo Perú y que este es un organismo de fachada del MRTA. También dice que el grupo de peruanos que acudió a Quito se puso en contacto con las FARC colombianas allá y que a su regreso iban a realizar acciones desestabilizadoras contra las cumbres en Lima. El vínculo con las FARC se basa en que el fallecido cabecilla de esta organización "Raúl Reyes" envió un saludo de bienvenida en la inauguración del encuentro.
Sobre esta acusación, Segundo Burgos, abogado defensor de Gonzales, comenta que hubo un video de "Raúl Reyes" en Quito, pero se trataba de uno de las decenas de saludos que se mostraron al inicio del evento. Incluso, Roque Gonzales no lo vio porque estaba participando en una de las mesas de discusión. "En ese encuentro hubo cerca de 800 delegados de 21 países. Y todos han regresado a su país sin que los persigan o los acusen de terrorismo. Además no se puede condenar a nadie porque vio o no un video", argumenta.
Junto a Roque Gonzales fueron detenidas su esposa Damaris Velasco, Armida Valladares, Guadalupe Hilario, María Gabriel Segura, Melissa Patiño y Carmen Azparrent. Todas estuvieron presas varios meses, pero hoy están libres. No les probaron actividades terroristas.
El abogado defensor de Gonzales llama también la atención sobre un hecho: a su defendido se le imputa pertenecer a un movimiento que hace más de una década no tiene acciones conocidas. "En el atestado no hay una sola prueba que acredite la actividad del MRTA, no hay nada sobre sus últimas acciones, ni un documento sobre la nueva dirigencia o la actual línea política. Se debe probar que hay una organización. No se puede acusar diciendo que el MRTA existe porque sí. Con esa lógica en diez años más se presenta a otro detenido y se le acusa de pertenecer al MRTA".
En distintos puntos del atestado contra Gonzales se hacen presunciones, pero no afirmaciones. Respecto al dinero que se le incautó al momento de su detención, se dice: "no cuenta con un ingreso económico fijo, presumiéndose que este dinero le habría sido financiado por la organización narcoterrorista FARC-EP". En otra parte se pone: "en cumplimiento a los acuerdos adoptados en el 'II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana' intentarían desestabilizar al país, orientado a las anticumbres imperialistas" . Ni siquiera parecen estar seguros de su principal acusación.
También se pueden encontrar imputaciones subjetivas: "...tenerse en cuenta el carácter radical del denunciado al impulsar arengas que buscan desestabilizar al país, al insultar al mandatario peruano con los términos 'Alan García genocida. Alan y Uribe la misma porquería'". Su abogado defensor explica: "Muchas de esas arengas se gritan en las marchas de los gremios, en los paros, en los plantones. Uno puede estar en desacuerdo con sus ideas, pero no por eso se le va a encarcelar.
EXCARCELACIÓN
¿Por qué sigue preso Gonzales? La ex ministra Susana Villarán señala que la detención se dio en un contexto especial: el de la estigmatizació n y cacería de brujas desatado por el gobierno en el año de las cumbres. "En ese contexto se endurecieron las normas y se criminalizó la protesta social. Por eso no fue raro que se detuviera a estas personas. No estoy de acuerdo con sus ideas, pero defiendo su derecho a expresarlas. Roque Gonzales debe ser excarcelado" , señala. El ex ministro y analista político Fernando Rospigliosi también es crítico con el gobierno: "La detención de Gonzales y de las demás personas fue una operación política para distraer la atención sobre el paro agrario que terminó incluso con muertos. Este joven sigue preso solo por sus antecedentes" , comentó.
Para su abogado está claro que él está preso por razones políticas. "Es conocido el sesgo antichavista en el gobierno y aquí todo eso ha pesado". Esta semana pidió por segunda vez cambiar el mandato de detención por el de comparecencia para Roque Gonzales, como ha ocurrido con sus coacusadas. El primero fue rechazado.
Después de ser liberado el 2005, Roque Gonzales ha seguido realizando actividad política y cualquiera coincide en que tiene derecho a ello. Ya pagó con cárcel su militancia en el MRTA. "La Coordinadora Continental Bolivariana- Capítulo Perú es una organización pública, que realiza sus actividades a la luz del día. Participa en las marchas, en los plantones contra el TLC, ese tipo de cosas. Ni las FARC ni Colombia han sido parte de nuestra agenda. Y nunca nos hemos escondido. Incluso hoy realizan actividades, no es un movimiento ilegal", dice Gonzales desde la prisión.
Lo que queda claro es que la policía está en todo su derecho de investigar a una agrupación que considera sospechosa, pero no puede detener y encarcelar a nadie basada en supuestos. "Estamos en tiempos de democracia y respeto a las libertades. ¿Por qué no se le puede investigar con comparecencia? ", dice su abogado. Ante la ausencia de pruebas, eso sería lo más razonable. Si eso no ocurre, parecerá que no aprendimos la lección del fujimorismo, una época en la que se perseguía a todo aquel que pensara distinto.
PASTOR JUSTIFICA SU DETENCIÓN
Para el congresista aprista Aurelio Pastor, vocero de su bancada en el Congreso, en este caso el Estado ha tomado previsiones con una persona que ha participado en una serie de actividades con grupos que mantienen posiciones desestabilizadoras no solo con el gobierno sino con la democracia. "No me sorprendió su detención en Tumbes porque sus actividades pueden ir más allá de lo que se conoce públicamente. Lo que ahora debe hacer el Estado es asegurar el debido proceso", señaló. También mencionó que si la defensa de Roque Gonzales considera que se trata de una injusticia, hay instancias, incluido el Tribunal Constitucional, ante las cuales acudir. Por otra parte, el último miércoles se vio un reportaje de un programa de TV que –según el procurador del Ministerio del Interior, Julio Galindo– constituía una prueba contra Gonzales. Todavía falta ver una segunda parte del reportaje en nueva fecha.
Para su abogado está claro que él está preso por razones políticas. "Es conocido el sesgo antichavista en el gobierno y aquí todo eso ha pesado". Esta semana pidió por segunda vez cambiar el mandato de detención por el de comparecencia para Roque Gonzales, como ha ocurrido con sus coacusadas. El primero fue rechazado.
Después de ser liberado el 2005, Roque Gonzales ha seguido realizando actividad política y cualquiera coincide en que tiene derecho a ello. Ya pagó con cárcel su militancia en el MRTA. "La Coordinadora Continental Bolivariana- Capítulo Perú es una organización pública, que realiza sus actividades a la luz del día. Participa en las marchas, en los plantones contra el TLC, ese tipo de cosas. Ni las FARC ni Colombia han sido parte de nuestra agenda. Y nunca nos hemos escondido. Incluso hoy realizan actividades, no es un movimiento ilegal", dice Gonzales desde la prisión.
Lo que queda claro es que la policía está en todo su derecho de investigar a una agrupación que considera sospechosa, pero no puede detener y encarcelar a nadie basada en supuestos. "Estamos en tiempos de democracia y respeto a las libertades. ¿Por qué no se le puede investigar con comparecencia? ", dice su abogado. Ante la ausencia de pruebas, eso sería lo más razonable. Si eso no ocurre, parecerá que no aprendimos la lección del fujimorismo, una época en la que se perseguía a todo aquel que pensara distinto.
PASTOR JUSTIFICA SU DETENCIÓN
Para el congresista aprista Aurelio Pastor, vocero de su bancada en el Congreso, en este caso el Estado ha tomado previsiones con una persona que ha participado en una serie de actividades con grupos que mantienen posiciones desestabilizadoras no solo con el gobierno sino con la democracia. "No me sorprendió su detención en Tumbes porque sus actividades pueden ir más allá de lo que se conoce públicamente. Lo que ahora debe hacer el Estado es asegurar el debido proceso", señaló. También mencionó que si la defensa de Roque Gonzales considera que se trata de una injusticia, hay instancias, incluido el Tribunal Constitucional, ante las cuales acudir. Por otra parte, el último miércoles se vio un reportaje de un programa de TV que –según el procurador del Ministerio del Interior, Julio Galindo– constituía una prueba contra Gonzales. Todavía falta ver una segunda parte del reportaje en nueva fecha.
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Por Raúl Mendoza
Diario LA REPUBLICA
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