31 jul. 2008

Quién responde por inocentes presos

Ministerio del Interior presentó a humildes campesinos como terroristas, los obligaron a autoinculparse a punta de torturas y fueron confinados en el penal Piedras Gordas.

Al puro estilo de lo que sucedía en los años en que el país estuvo gobernado por la mafia fujimontesinista, en julio del año pasado cuatro humildes moradores de la localidad de Tocache en Tingo María fueron presentados por la Policía local como los autores de la emboscada terrorista ocurrida días antes y que significó la muerte del fiscal provincial y de tres policías de la zona, tras someterlos a toda clase de vejámenes. El cuestionado ministro del Interior, Luis Alva Castro, conocido ahora como "el negociador" de un pacto infame entre el aprismo y el fujimorismo, repitió la versión policial, ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar la impresión de una eficiente labor policial.
Fotos :1) Efectivos en operativo tras emboscada en Tocache. (2) La poeta Melissa Patiño fue víctima de una detención arbitraria.
(3) Padre de joven con retardo mental reclama justicia.
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Uno de ellos, con retardo mental fue torturado, obligado a autoinculparse y acusar a los otros tres, luego fue "vestido" con traje de comando y premunido de un arma para la reconstrucción de los hechos, en una flagrante violación de los derechos humanos, tal como informó LA PRIMERA. Tratados como peligrosos subversivos, un juzgado de Moyobamba, desconociendo las pruebas que hablan de la inocencia de los campesinos, ordenó su encarcelación en el penal de Máxima Seguridad de "Piedras Gordas", desde donde no cesan de clamar justicia.

Hoy, un año después, testimonios de supuestos elementos de Sendero Luminoso que reconocieron su participación en el acto los exculpan, constituyéndose en un nuevo caso de detención arbitraria, sólo cabe preguntarse cuántos más permanecerán en la sombra.

"Para la gente pobre no hay justicia" reclamó Aviano Rodríguez Romero, padre del humilde joven Deybis Taylor Rodríguez Amasifuén, quien pese a sufrir de personalidad disocial e inteligencia fronteriza fue torturado física y psicológicamente por efectivos policiales de Tocache para que se autoinculpara y acusara a otros tres campesinos de haber participado en la emboscada terrorista ocurrida el 14 de junio del 2007 en esta localidad, donde perdieron la vida el fiscal provincial Arturo Campos Vicente y tres policías.

Desesperado debido que la prisión ha agudizado la situación mental de su hijo, que se realiza cortes en los brazos, Aviano Rodríguez dijo a LA PRIMERA que Deybis fue usado por la policía y confirmó lo denunciado por el joven a este diario, desde "Piedras Gordas", de que le ofrecieron 700 dólares y viajar junto a su familia a Estados Unidos a cambio de autoinculparse y acusar a otras tres personas, para ello la policía le entregó unos apodos con los cuales tenía que identificar a sus supuestos cómplices durante la confrontación policial.

Al negarse, agregó el padre, fue sumergido en un cilindro con agua y detergente, hecho que lo empujó a aceptar los requerimientos de la policía. Como informó LA PRIMERA, ellos llevan más de un año en el penal de Máxima Seguridad de "Piedras Gordas", tras ser presentados por la policía como los autores de la emboscada, lo mismo hizo el ministro del Interior, Luis Alva Castro, ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Pero parece que la verdad se abre paso revelando un nuevo caso de detención arbitraria, del cual son víctimas los campesinos Dante Rivera Ramírez, identificado por la policía como "Barriga", Yonel Llanos Mozambite (i) "Tito" y Antonio López Serrano (i) "Martín", quienes no cesan de clamar inocencia y exigir su libertad.La luz al final del túnel la constituyen nuevas causas de investigación, como la confesión sincera de los supuestos miembros de "Sendero Luminoso", Rudecindo Méndez Aburto o Rubén Méndez Aburto y Luis Alzamora Velásquez, así como el testimonio de la víctima de clave MV-001, quienes dijeron que el atentado tuvo como participantes a los camaradas "PIERO", "JL", "ALFONSO", "JULIO", "GERSON", "CHOLO", sin mencionar los apelativos atribuidos a los encarcelados.

Se suma la grabación, en manos de la policía, hecha por los senderistas del balance final del atentado, del cual el coacusado Rudecindo Méndez Aburto los excluye de las voces de los personajes que sí participaron en la reunión.

La abogada Yoselín Rocca de la Organización Paz y Esperanza que patrocina a Dante, Antonio y Yonel pidió el cambio de mandato de detención por el de comparecencia ante el Primer Juzgado Supraprovincial a cargo de la jueza Jessica León, quien también se encargó del caso de "Aguas Verdes". Además, se espera el fallo del Tribunal Constitucional sobre el hábeas corpus que presentó en torno a este caso.

Podrían demandar al Estado

El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, dijo que los campesinos podrían demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que la Defensoría del Pueblo presentó los casos de acusados de terrorismo cuya inocencia fue comprobada, por tal razón, Jugo demandó a las autoridades a poner mayor cuidado en la evaluación que realizan para evitar que se repitan la cantidad de personas procesadas, condenadas y, luego, indultadas por terrorismo en la dictadura."

Creo que es un tema que en democracia no debe existir, debido a la posibilidad que tienen de actuar los jueces, fiscales y la policía", acotó.

Para Jugo, la intención del gobierno es mantener en la población la amenaza del terrorismo y sobredimensionarla presentando importantes capturas para generar un escenario donde el terrorismo está muy latente. Agregó que se busca ligar terrorismo con conflictividad social, y como prueba mencionó el proceso contra 35 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos por terrorismo, acusados injustamente. Añadió que está también la ineficiencia del gobierno en enfrentar una supuesta alianza narcoterrorista en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE)

Cortina de humo

El especialista en narcoterrorismo Jaime Antezama consideró como una "cortina de humo" del gobierno la captura de estos campesinos motivada por razones políticas que ha llevado a presentarlos como miembros de SL en la zona del Alto Huallaga.Tras criticar que la policía se basó en un joven con problemas mentales para acusar a estas personas, dijo que ahora que se conoce la inocencia de los inculpados el caso debe ser reformulado y agregó que si bien han sido capturados importantes mandos políticos, paralelamente hay casos como éstos con los que la policía intenta demostrar una supuesta eficacia.

Otras detenciones por terrorismo injustificadas

Caso "Aguas Verdes". El pasado 29 de febrero, siete ciudadanos peruanos fueron detenidos en la localidad fronteriza de Aguas Verdes, luego de participar en el Segundo Congreso Continental Bolivariano realizado en la capital ecuatoriana de Quito.Las seis mujeres detenidas, María Gabriel, Carmen Azparrent, Guadalupe Hilario, Melissa Patiño, Damaris Velasco y Armida Valladares fueron internadas en el penal Santa Mónica de donde tuvieron que ser liberadas tras dos meses por la inexistencia de pruebas que las involucre en actos de terrorismo, a pesar de la insistencia policial y del ministro Alva Castro de atribuirles este cargo. El sétimo detenido, Roque Gonzales, continúa en el penal Miguel Castro Castro sin que hasta la fecha se pueda comprobar su culpabilidad.

Caso "Todas las Voces".

El 29 de diciembre del 2006, haciendo disparos al aire y amedrentando a las familias, efectivos policiales ingresaron a las viviendas de Guillermo Bermejo Rojas y Luis Omar Paredes Morales, militantes del izquierdista Colectivo Todas las Voces.

La policía reportó haber encontrado en las viviendas intervenidas explosivos y abundante material subversivo. Los acusaron de preparar atentados contra el Congreso, Palacio de Gobierno y otras dependencias estatales, que se iban a realizar a fin de año. Ante la falta de pruebas fueron liberados.
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Vilma Escalante
Redacción
Diario LA PRIMERA Perú

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